Proyecto de ley de regulación de la medicina privada
Las compañías analizan cómo ajustarse a los posibles cambios en los planes corporativos, una compensación sensible para los empleados
Marilina Esquivel
Para LA NACION
Los debates que se encendieron en los últimos días en torno a los sistemas de salud que conviven en la Argentina empiezan a distraer a los gerentes de Recursos Humanos de las empresas de su máxima obsesión actual: las paritarias y los ajustes salariales. Algunos directivos ya empezaron a llamar a expertos en salud corporativa para preguntar posibles escenarios a partir de eventuales modificaciones en las prestaciones.
Por un lado, les interesa conocer las consecuencias de la posible aprobación de la ley que regula la actividad de las empresas de medicina privada. Por otro, se preguntan qué pasará con el pedido de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, para que el dinero de las obras sociales deje de ser derivado a las prepagas.
El de la salud suele ser el segundo presupuesto para el área de Recursos Humanos de una empresa, luego de los sueldos. "Es claro que habrá un fuerte impacto en el valor mensual de cada plan individual, pues se incluirían temas como nulidad de aumentos en las cuotas a mayores de 65 años con cierta antigüedad en el sistema, mayores prestaciones para discapacitados, imposibilidad de rechazo por edad avanzada de probables afiliados nuevos, entre otros temas. Alguien lo tiene que financiar", explica Oscar Coto, gerente de Recursos Humanos de la textil Colortex/Karavell.
Javier Fernández Verstegen, abogado especialista en Derecho del Trabajo del estudio Brons & Salas, advierte a las empresas que piensen cómo se vería afectado el clima laboral y la motivación si se produjeran cambios en el sistema.
Debate postergado
El martes pasado la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados debía reunirse para tratar el marco regulatorio de las prepagas y aceptar o rechazar las modificaciones que hizo al proyecto el Senado en noviembre pasado, pero el encuentro no se hizo. Al día siguiente, el ministro de Salud, Juan Manzur, respaldó la ley y dijo: "Desde el Gobierno la posición es muy clara en el sentido de apoyar el proyecto".
El texto indica la creación de un registro de empresas de medicina prepaga -que rechazan la reforma- y un padrón nacional de usuarios. Establece que las prepagas deben cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. También fija la regulación del Ministerio de Salud como organismo de control, aunque no desconoce a la Subsecretaría de Defensa de Consumidor. A diferencia de las obras sociales, que están reguladas por las leyes 23.660 y 23.661, y por la Superintendencia de Servicios de Salud, las prepagas no responden por ninguna ley específica y se rigen por las normas de defensa del consumidor y su subsecretaría.
Los puntos que más irritan a las prestadoras son que no puedan rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes o por su edad, y que a los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les pueda aumentar la cuota.
Además, será el organismo de aplicación el que fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes, mientras que en la actualidad las primas son determinadas en teoría libremente, más allá de las presiones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de quien depende Defensa del Consumidor. Aprobada la ley, también habrá que ver cómo se articulará la fiscalización de precios que hará el organismo de control para ver cómo y de cuánto será el posible aumento.
Más costos para empresas
Si el control es exhaustivo e impide a las compañías de medicina prepaga recobrar la rentabilidad perdida por el exceso de riesgo, se "terminará afectando el servicio con planes más acotados, no en prestaciones, ya que es imposible brindar menos servicios de los que exige el PMO, pero seguramente se reducirán las redes de prestadores y los beneficios adicionales", dice Laura Roldán, directora del área de salud y beneficios de la consultora Mercer.
De frenarse el traspaso de trabajadores de las obras sociales a las prepagas, también podrían aumentar los costos para las firmas. "¿Cómo hacen las empresas para que la gente no se venga abajo si ahora la atención de salud que recibe es deficitaria? Hay estructuras sindicales que no pueden brindar cobertura", dice Fernández Verstegen.
Desde el punto de vista legal, se afectarían prestaciones esenciales. Pero los empleados podrían plantear que su acceso a la medicina prepaga es un derecho adquirido y reclamar que se mantengan las condiciones.
Algunos consultores se preguntan si de tomarse una ley de este tipo, sería obligatorio aplicarla en toda la población de la compañía o sólo con las nuevas incorporaciones. El caso crearía varios problemas de inequidad interna y planteos por trato desigual. La ley establece que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en iguales situauaciones.
"No es fácil dar malas noticias a la gente", explica Héctor Barrios, director del área de salud de la consultora Towers Watson. "Algunas empresas absorberán doble costo, pero muchas no van a poder hacerlo porque el gasto médico es gigantesco. Una empresa de 2500 empleados gasta US$ 3 millones por año en salud. Hay que sumar el efecto irritación. ¿Pago doble, para qué?"
Cada vez que quieren introducir mejoras en los planes y para ello necesitan ampliar su presupuesto, deben atravesar reuniones locales y regionales para conseguir el visto bueno. "Todo lo que sea más gastos es una complicación para quienes los administran racionalmente", explica Barrios.
El análisis de los efectos de la ley no admite demoras. Estar preparados es la mejor manera para evitar que una modificación repentina afecte el clima laboral, genere situaciones conflictivas e impacte en procesos organizacionales internos y sus resultados.
REFORMA EN MARCHA
MALES PREEXISTENTES
Se establecerán a partir de la declaración jurada del usuario y no podrán determinar un rechazo a la afiliación a la prepaga.
LA EDAD
- No será motivo para objetar a una persona.
MAYORES DE 65
- Si tienen una antigüedad superior a los 10 años en la prepaga, no sufrirán aumentos de cuota.
PLANES CORPORATIVOS
- Quien deje de trabajar en una empresa podrá conservar la prepaga, y se le reconocerá la antigüedad.
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